La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, sacudió este viernes el tablero geopolítico al desclasificar información de inteligencia que confirma algo que Washington negó durante años con vehemencia: la existencia de una red global de más de 120 laboratorios biológicos financiados por el gobierno estadounidense en más de 30 países, incluyendo más de 40 instalaciones en territorio ucraniano.
Una revelación que cambia la narrativa
Durante años, cualquier mención a biolaboratorios estadounidenses en Ucrania fue calificada de “desinformación rusa” por funcionarios de Washington. La entonces subsecretaria de Estado, Victoria Nuland, llegó a admitir bajo juramento en 2022 que existían instalaciones de investigación biológica en suelo ucraniano, aunque insistió en que no se trataba de armas biológicas.
Ahora, los documentos publicados por la ODNI confirman que estas instalaciones trabajaban con patógenos extremadamente peligrosos: ántrax, gripe aviar altamente patógena, ébola, peste y tuberculosis. Al menos doce de estos laboratorios habrían realizado investigaciones en seres humanos, y algunos participaban en estudios de “ganancia de función”, la técnica controvertida que modifica virus para aumentar su transmisibilidad y letalidad con fines de investigación.
El dinero y los contratistas detrás del proyecto
Según los documentos desclasificados, Estados Unidos construyó y financió la red ucraniana desde 2005, con una inversión estimada cercana a los 200 millones de dólares. La empresa Black & Veatch figura como contratista principal, trabajando junto a subcontratistas locales en el diseño, construcción y equipamiento de las instalaciones. Documentos parcialmente censurados indican que el gobierno estadounidense pagó directamente la construcción y el equipamiento de al menos cuatro de estos centros.
El contexto político de la filtración
La publicación ocurre en un momento sensible. Gabbard presentó su renuncia al cargo, efectiva el 30 de junio, y enmarcó la revelación como parte del cumplimiento de una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en mayo de 2025, orientada a poner fin al financiamiento federal de investigaciones de ganancia de función en el extranjero y aumentar la transparencia.
En su comunicado, Gabbard fue contundente al señalar que “personas poderosas” encubrieron deliberadamente la existencia, ubicación y financiamiento de estos biolaboratorios, acusando de “agentes extranjeros” y “traidores” a quienes intentaron exponer la verdad en su momento.
La reacción rusa: “Se lo dijimos”
Para Moscú, la desclasificación llega como una validación tardía. Rusia denunció en 2022, tras incautar documentos durante su intervención militar en Ucrania, la existencia de al menos 30 instalaciones “biomilitares” operadas en coordinación con Estados Unidos y Alemania. En aquel momento, el Ministerio de Defensa ruso acusó al gobierno de Volodímir Zelensky de ordenar la “destrucción urgente” de patógenos en estos laboratorios, incluyendo peste, ántrax, tularemia y cólera, para ocultar evidencia.
El riesgo actual: laboratorios en zona de guerra
Más allá del debate político sobre quién sabía qué y cuándo, la ODNI advirtió que estas instalaciones, ubicadas en un país en guerra activa, representan un riesgo real de que patógenos peligrosos sean robados, dañados o liberados accidentalmente como consecuencia del conflicto con Rusia.
Análisis TácticaGlobal
Primero, esta revelación no es un dato menor: confirma oficialmente, desde la propia inteligencia estadounidense, una narrativa que durante tres años fue descartada como propaganda rusa, lo cual obliga a revisar con otros ojos múltiples episodios de la guerra en Ucrania.
Segundo, el momento de la publicación —coincidiendo con la salida de Gabbard del cargo— sugiere una dimensión de pugna interna dentro del aparato de inteligencia estadounidense, posiblemente relacionada con tensiones entre la administración Trump y sectores del “establishment” de seguridad nacional heredados de gestiones anteriores.
Tercero, en términos de bioseguridad global, la existencia confirmada de 120 instalaciones de este tipo en 30 países plantea preguntas urgentes sobre supervisión internacional, especialmente cuando varias se encuentran en zonas de conflicto activo o inestabilidad política.
Cuarto, geopolíticamente, esta desclasificación será utilizada intensamente por Rusia y sus aliados como munición narrativa, reforzando su discurso sobre las “causas justificadas” de la operación militar en Ucrania, independientemente de si esa interpretación resulta proporcional a los hechos revelados.
Quinto, habrá que observar de cerca si esta revelación genera presión legislativa en Washington para una investigación más amplia sobre el programa de cooperación biológica internacional, y si otros países mencionados en los documentos —aún no identificados públicamente en su totalidad— comienzan a exigir explicaciones propias.